Las actividades económicas y profesionales susceptibles de ocasionar daños medioambientales a efectos de la aplicación de la futura ley de responsabilidad medioambiental son aquellas ya reguladas por la legislación comunitaria y que, por su naturaleza, entrañan riesgos, aunque sean potenciales, para el medio ambiente o para la salud humana.
Entre las leyes más destacadas cabría citar las instalaciones cubiertas por la normativa de prevención y control integrado de la contaminación (conocida como Ley IPPC), las relativas a la gestión de todo tipo deresiduos, las más importantes de las reguladas por la normativa de aguas (con vertidos de sustancias peligrosas incluidas), las relativas a la producción, almacenado y transporte de sustancias peligrosas, biocidas y fitosanitarios; eltraslado transfronterizo de residuos peligrosos y el transporte de mercancías peligrosas. En todos estos supuestos, la responsabilidad se exige sin necesidad de que concurra culpa o negligencia en el operador.
• Los principios de “quien contamina paga” y de “prevención” inspirantambién esta futura Ley.
• La ley obliga a que los operadores reparen los daños que han ocasionado al medio ambiente aún cuando no hayan cometido ninguna infracción administrativa y actúen de modo respetuoso con la normativa medioambiental.
• La Ley obliga a reparar los daños al medio ambiente en su integridad, devolviendo los recursos naturales al estado original en el que se encontraban antes del daño.
• El Ministerio de Medio Ambiente ha afrontado a lo largo de los últimos siete años gastos de reparación ambiental cercanos a los 183 millones de euros, de los que destacan 113 millones en descontaminación de suelos.
• Para asegurar que las empresas disponen de los recursos económicos necesarios para hacer frente a su responsabilidad, la ley les exige que cuenten con una garantía financiera, que se introducirá de forma gradual a partir del 2010.
NOTA DE PRENSA DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE LEY
No hay comentarios:
Publicar un comentario